Al final, ha sucedido lo que era previsible y es que la Administración ha resultado condenada por el incumplimiento reiterado de la ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Ha sido un Juzgado de Teruel el que ha dictaminado la vulneración sistemática de los derechos de los trabajadores y empleados públicos de la provincia, al no haberles proporcionado los equipoos de protección individual adecuados para protegerse del COVID-19.
La condena se extiende hasta la Diputación de Aragón, pasando por el Servicio Aragonés de Salud y alcanzando al Instituto Aragonés de Servicios Sociales; fundamentando la condena en la exposición al riesgo de contagio por el virus y matizando que se ha puesto a los trabajadores de la medicina en riesgo grave de sus vidas, integridades físicas y salud.
Si bien podría haberse dado el caso de considerarse un supuesto de fuerza mayor, la sentencia señala que la pandemia no se puede encontrar recogida en estos supuestos inevitables y carentes de responsabilidad.
Por ello, la resolución sienta un precedente que habilita a todos los ciudadanos para reclamar en cualquier Comunidad Autónoma de España, basando las demandas en la desprotección del personal sanitario y, en consecuencia, posibilitando la correspondiente reclamación de responsabilidad patrimonial e indemnización oportuna.
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FUENTE: ISABEL MONTES GRELA. GMG ABOGADOS